En nuestra sociedad las libertades son protegidas y respetadas. No obstante, es
imprescindible que exista una legislación común que regule estas libertades y derechos y
estipule las sanciones que conlleva su incumplimiento. En este sentido, España cuenta
con una legislación propia en continuo proceso de adaptación que exige una constante
actualización de su conocimiento por parte de todos ya que no exime a ningún ciudadano de su cumplimiento y mucho menos a las organizaciones.