La Administración Pública, además de realizar la función administrativa y de gestión del
Estado y de otros entes de ámbito regional o local, pone en contacto directo a la
ciudadanía con el poder político, satisfaciendo de esta forma los intereses públicos. Esta
función está encomendada a su personal, al que se le exige el conocimiento en
profundidad de su actividad así como la máxima eficiencia y excelencia en su trato al
ciudadano. En paralelo, el personal funcionario también dispone de derechos y garantías
que debe conocer para que pueda ejercitarlos.